CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

Áreas temáticas

El Congreso se organiza con base en paneles, y las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente a alguna de las ocho áreas temáticas que se especifican a continuación, y su abordaje deberá estar orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean para cada una de ellas. Las áreas temáticas serán coordinadas por profesionales externos de relevante trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos coordinadores de área temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de conclusiones que serán expuestas en la sesión de clausura del Congreso.

 

Profesionalización, ética, integridad y sensibilidad social como pilares de la función pública del siglo XXI

Coordinador: Alejandro Schiavi. Director Nacional. Oficina Nacional de Innovación de Gestión. Secretaría de Gobierno de Modernización. Argentina

Esta área temática es un espacio para la reflexión acerca de cómo la profesionalización del servicio civil, entendido en sus dimensiones personal, de carrera y de cultura organizacional, contribuye al desarrollo de comportamientos éticos en la función pública, la promoción de la integridad y el desarrollo de un Estado al servicio de los ciudadanos. Asimismo, y desde su razón de ser, los ciudadanos tienen el derecho a un gobierno que les brinde servicios de calidad, y de manera efectiva y eficiente. ¿Cómo vinculamos las variables profesionalización–calidad y eficiencia?

El desarrollo de competencias, tanto para los directivos públicos como para los servidores civiles en su conjunto, debe abordarse desde una mirada integral que contemple cómo se planifican la formación, la capacitación, la gestión del conocimiento y la gestión del talento y, a su vez, cómo se realizan esfuerzos en la certificación de esas competencias. También, se debe incorporar al debate cómo la gestión del desempeño contribuye de manera efectiva a la profesionalización de la función pública.

Forman parte de esta temática los problemas de gestión, las resistencias culturales y políticas, y las tendencias en materia de profesionalización del servicio civil y los efectos que puedan tener en la competitividad y el desarrollo del país, así como los cambios institucionales necesarios para facilitarla.

Frente a la demanda ciudadana sobre la aplicación efectiva de prácticas anticorrupción es imprescindible reflexionar sobre la ética y la integridad en la función pública. Tenemos que preguntarnos: ¿cuáles son los mecanismos más efectivos para construir un servicio civil íntegro?, ¿qué medidas son las que se han tomado en nuestros países que posibiliten una gestión pública principalmente preventiva de actos de corrupción?, ¿cómo se genera un ecosistema público–privado de integridad?, ¿cómo se desarrolla una cultura de integridad sustentable en el tiempo? Una buena gestión pública profesionalizada puede convertirse en el gran promotor de la integridad, pero el debate también debe abarcar a la nueva cultura de las organizaciones públicas orientada a valores y ética de la función pública.

Conceptualizamos a la sensibilidad social como el acercamiento del Estado, y especialmente de los servidores civiles, a los ciudadanos y cómo estos son partícipes de los cambios que se deben realizar en la gestión pública. ¿Cómo construir una verdadera relación de confianza o recuperar la que se ha perdido?, ¿cuáles han sido los principales mecanismos que se han utilizado y cuáles son los más útiles?, ¿cómo se trabaja sobre la percepción de valor por parte de la ciudadanía?, ¿cómo convertimos a los ciudadanos en socios conceptuales de la importancia de la profesionalización del Estado?.

Todos estos pilares pueden ser trabajados en su conjunto y será un mayor aporte al desarrollo de nuestros gobiernos si se realiza desde las diversas realidades regionales. Proponemos, por lo tanto, reflexionar acerca de cómo estos pilares generan una nueva cultura del servicio civil en un contexto de innovación e integridad en el sector público.

 

Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las instituciones públicas

Coordinadora: Mercedes Iacoviello. Profesora. Maestría en Administración Pública. Universidad de Buenos Aires (UBA). Argentina

La modernización del Estado debe ser comprendida y asumida como un cambio de paradigma a partir de nuevos valores, propósitos, herramientas y criterios de evaluación de la gestión pública. Esta nueva concepción sobre el Estado, la administración y la ciudadanía en el siglo XXI debe superar la mera incorporación de tecnología para dar lugar a una reconversión profunda de modelos de organización y gestión pública. En este proceso de cambio se enmarcan los esfuerzos de muchas administraciones para avanzar en la gestión por resultados, la evaluación de impactos, la gestión de la calidad, la incorporación de metodologías ágiles en el diseño de programas y procesos y la promoción de la innovación permanente para brindar una mayor efectividad a las políticas públicas y mejores servicios al ciudadano.

Alcanzar un alto desempeño de nuestras organizaciones involucra nuevas modalidades de administración y gestión de los recursos disponibles, alineando el uso de los recursos organizacionales, incluido el factor humano, a los objetivos y diseños, en forma dinámica; así como incorporando nuevas herramientas que aporten transparencia y apertura en la administración financiera. Este capítulo abordará también la incorporación de nuevas tecnologías en procesos sustantivos y de soporte, y el manejo de big data para la toma de decisiones y el desarrollo de conocimiento predictivo. Surge, asimismo, el diseño de las estructuras organizacionales: históricamente el Estado se ha organizado de manera tradicional, alejado de estructuras de organización matriciales y menos aún, conformaciones transitorias a partir de proyectos.

Contar con marcos institucionales que promuevan esta visión requiere de la participación de nuevos actores en el diseño y la gestión de las políticas públicas, de la apertura a nuevas ideas que promuevan una gobernanza para el desarrollo sostenible y de la apuesta por modalidades de involucramiento originales, como las experiencias de innovación abierta, los laboratorios y los procesos de co-creación con participación de la ciudadanía. Reaparece el tema de la cultura organizacional como favorecedora o inhibidora de estas transformaciones. Este capítulo deberá reconocer el rol limitante de estos cambios frente a situaciones no transparentes y/o no éticas.

El desafío de esta área temática es reflexionar acerca de los nuevos modelos de organización; en la evaluación como herramienta de mejora continua de las políticas públicas, en la gestión de la calidad para identificar los procesos que generan buenos resultados, mejoras en el desempeño, una administración más transparente para la atención a los ciudadanos; así como conocer los procesos de innovación que permitan a todos los actores sociales generar disrupciones sociales y tecnológicas cuyo objetivo sea la creación de esos nuevos modelos con valor social y sostenible; todo ello desde las perspectivas teóricas y las prácticas exitosas en nuestra región.

 

Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de ciudades

Coordinador: Gerardo Montenegro Morán. Director Nacional de Preparación y Superación de Cuadros y Estudios de Dirección. Cuba

Una gran oportunidad y un enorme desafío, se traduce en la necesidad de fomentar el desarrollo a través de procesos de descentralización y desconcentración de decisiones y recursos. La descentralización en esencia, se caracteriza por la diversidad y la capacidad de aceptar la particularidad sociocultural y político-administrativa, con miradas horizontales a intereses locales, incluyendo fórmulas de descongestión burocrática y política. El desarrollo territorial y local esta generalmente presente en la política económica y social de los gobiernos que se plantean una proyección avanzada en el mejoramiento de la calidad de vida de sus pueblos.

La generación de capacidades, para dar respuestas a las nuevas formas de gestión, que se derivan de las funciones para potenciar la participación, cooperación e integración de los ciudadanos y asignación de nuevas competencias para obras y servicios públicos, requiere de estrategias integradoras que tengan como conducto principal políticas comprometidas y sustentadas en modelos de innovación. Impulsar la gestión local sostenible encuentra grandes barreras, se parte de una fuerte tradición centralizadora, verticalismo generalmente excesivo asociado a la debilidad de formas horizontales de integración, pero es una pieza clave en la modernización del estado y en la generación de estrategias que fomenten el desarrollo humano local.

Es apropiado concebir el desarrollo como un proceso sostenible que exige una relación coherente entre lo nacional, territorial, local con atribuciones y competencias responsablemente delimitadas por la ley, ello permitiría defender la autonomía relativa y distanciarse del concepto de autarquía local simplemente no viable, así como lo local como receptor de decisiones verticales.

En las ciudades de América Latina se identifican diversos problemas tales como violencia e inseguridad ciudadana, creciente afectaciones al medio ambiente, desigualdad en el acceso a los servicios públicos, deterioro de los fondos habitacionales, síntomas de ingobernabilidad que pueden potenciar crisis urbanas, por ello es indispensable nuevas formas políticas y procesos innovadores de gestión que coloquen al individuo como piedra angular del desarrollo sostenible, es indispensable fomentar indicadores cualitativos que contribuyan a la solidez de las estrategias de modernización de la gestión y la definición de nuevas agendas urbanas.

La reflexión sobre el desarrollo local, nuevas formas de gestión descentralizadas, ciudades sostenibles como elemento esencial para la gobernabilidad apela de paneles que profundicen en los análisis teóricos, metodologías, validación de buenas prácticas, creación de capacidades, todo ello desde las perspectivas de desarrollo de la región.

 

Administración pública inclusiva: igualdad de género, juventud e integración de la discapacidad como base del desarrollo humano

Coordinadora: Gloria Beatriz Benítez Jara. Directora General de Planificación y Monitoreo. Secretaría de la Función Pública (SFP). Paraguay.

La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos, donde la administración pública se presenta como cimiento de los gobiernos y el principal instrumento a través del cual se pone en práctica, políticas, programas y proyectos nacionales. En una sociedad ideal, los principios de imparcialidad, responsabilidad, justicia, igualdad y no discriminación deberían regir la administración pública y en ella, el servicio público ser un modelo de gobernanza en el que las mujeres y los hombres, jóvenes o no, con alguna discapacidad o no, participen y lideren de forma igualitaria, incluyendo el proceso de toma de decisiones.

Los modelos hasta ahora implementados, no han sido suficientes para generar el bienestar de la comunidad global, nos desafía a ir más allá del slogan de sociedades inclusivas para el desarrollo humano, cuestionando o intentando comprender a fondo qué implica el micro nivel de la inclusión. Las macro estructuras pueden facilitar la inclusión; pero hasta que los seres humanos no seamos capaces de comprender cómo superamos los prejuicios, y cómo nos hacemos partícipes de los espacios sociales que habitamos, es muy difícil promover una inclusión, en donde la Administración Pública, tiene mucho que aportar en eso.

El desafío planteado para esta área temática, es entender cuál es el rol de la Administración Pública ante el reto de una sociedad diversa y una ciudadanía cuya demanda es dinámica, la calidad de los servicios que debe y como los debe prestar, de las alianzas o vínculos que se pueden construir o consolidar con otros sectores, para que las personas se sientan pertenecientes, más allá de sus diversidades, pertenecientes a una historia común, a un espacio social compartido, a una colectividad.

 

Derecho público, derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos esenciales del Derecho a la buena administración

Coordinador: Dariel Guzmán Andújar. Despacho del Ministro. Ministerio de Administración Pública (MAP). República Dominicana

La marcada tendencia en los Estados democráticos, sociales y de derecho, hacia la evolución de las administraciones públicas enfocadas en la buena administración o gobernanza, ha dado apertura a múltiples formas de expresión respecto de los derechos de las personas y su participación en este ámbito particular. Este Estado garante de los derechos fundamentales y de las prerrogativas jurídicas consagradas a favor de las personas, debe verse reflejado en la manera de actuar de las administraciones públicas para configurar el denominado derecho al buen gobierno, entendiéndose este último como aquel ejercicio de la gestión pública orientado no sólo al logro de los fines del Estado en sí mismo, sino además a la plena satisfacción del ciudadano en sus expectativas frente a la administración.

La expansión del catálogo de los derechos fundamentales en las últimas décadas ha incluido, además de las facultades humanas clásicas como la vida o la dignidad, derechos de carácter social o económico, y el consecuente compromiso de los gobiernos, como hacedores y ejecutores de las políticas del Estado. Así las cosas, la tarea de gestionar lo público es el desafío constante en la búsqueda de la satisfacción de los requerimientos ciudadanos. Hoy en día se cuenta con importantes mecanismos tales como la participación ciudadana o la rendición de cuentas, aspectos que impactan en la calidad de los servicios públicos y la transparencia administrativa.

Con estos y otros paradigmas del siglo XXI, han surgido importantes retos sobre los roles para los que han sido concebidos los principios y reglas que sustentan esta rama del derecho. Esta nueva visión de la gestión pública centrada en ciudadano como actor principal exige la respuesta oportuna y el compromiso estatal reflejado no sólo en el ámbito jurisdiccional, sino también en todas las actuaciones de las entidades en este ámbito. El derecho público como herramienta, debe proveer soporte a los propósitos fundamentales que sustentan el Estado, con miras a propiciar las condiciones que permitan alcanzar materialmente la gobernanza. El derecho ciudadano al buen gobierno, exige entre otros aspectos, una legitimidad que pasa por dotar al aparato estatal de un marco normativo adecuado, y que se fortalece con su cumplimiento a la luz de la observación ciudadana.

Del mismo modo, los vertiginosos cambios que se producen en todo el mundo a consecuencia de la irrupción que tienen elementos novedosos como la revolución digital o la globalización, invitan a reflexionar sobre el modo en que se puede innovar en la administración desde la perspectiva del derecho público. Hoy se avanza a pasos agigantados considerando las oportunidades que brindan las TIC, y otras herramientas del mundo contemporáneo, pero a pesar de sus innegables aportes, también generan importantes desafíos en estrecha relación con las garantías jurídicas y los derechos fundamentales de las personas. En este tenor sobresalen debates sobre temas tales como el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales frente a la seguridad nacional y la recolección de datos por medios digitales.

Para fomentar el debate respecto del área temática, destacamos temas importantes como la contratación administrativa, las alianzas público-privadas, los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas, el control jurisdiccional de la actividad de las administraciones públicas, el derecho administrativo sancionador y el empleo público.

 

Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 2030

Coordinador: Manuel Arenilla Sáez. Profesor de Ciencia Política y de la Administración. Universidad Rey Juan Carlos (URJC). España

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron aprobados por la ONU el 25 de septiembre de 2015. Ha pasado ya, por tanto, un tiempo en el que las realizaciones han dejado paso a las dudas sobre su viabilidad y se han abierto nuevas esperanzas y se han modulado otras. Es un buen momento para hacer un repaso de los logros y dificultades encontrados en el camino en su implantación en las Administraciones Públicas iberoamericanas.

Interesa en esta área temática que se reflexione y se debata sobre las buenas prácticas en la región en materia de: arquitectura institucional gubernamental de implantación de la Agenda 2030, como elemento condicionante de su viabilidad; las alianzas entre actores públicos, sociales y privados como estrategia para afrontar la diversidad y la adopción de decisiones no sesgadas; la coherencia, que hace referencia a la necesidad de integración y coordinación de diferentes políticas y órganos de gobierno; y la innovación, tanto al aplicar la Agenda 2030 y los ODS como su efecto, entre otros, en la transformación de los procesos y de la orientación de las Administraciones Públicas.

Este Congreso del CLAD ofrece un marco idóneo para abordar la existencia de una agenda pública común en la región, en sintonía con su ya larga actividad de congresos, encuentros, declaraciones y documentos sobre esta materia. El enfoque de la Agenda 2030 y los ODS permite orientar decisivamente los temas centrales del CLAD sobre descentralización, profesionalización, formación y capacitación, carrera, cooperación, lucha contra la corrupción o coordinación entre niveles gubernamentales. A estos hay que añadir la diversidad y la lucha contra la desigualdad, en particular la de género, la consecución de una justicia efectiva, el empleo, la educación, la salud, la innovación y el logro y mantenimiento de la paz. En este nuevo enfoque resulta clave lograr el compromiso de los servidores públicos con estos objetivos.

 

Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la participación ciudadana, la colaboración y las redes sociales en la gestión pública

Coordinador: Gonzalo Guerrero Valle. Secretario Ejecutivo. Comisión de Integridad Pública y Transparencia. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Chile

Durante los últimos años se ha evidenciado que el gobierno abierto se ha constituido en un mecanismo que entrega una posibilidad cierta de mejora constante de los sistemas de gobierno, así como de la administración de los Estados en su conjunto. Ese mecanismo de mejora implica no solo la acción de quienes desempeñan funciones en los aparatos públicos, sino que también involucra a toda la ciudadanía. En ese entendido, gobernantes, funcionarios y servidores públicos, ciudadanos, el sector privado, académicos y la sociedad civil son co-responsables de los asuntos de interés público, no solo en lo referente a detectar las problemáticas que subyacen a la sociedad, sino que en la formulación de las políticas públicas que las solucionen y en su correcta aplicación.

La co-responsabilidad de los actores en los procesos de deliberación pública significa comprender su activo rol en la dirección del gobierno y de la sociedad, pues su accionar debe orientarse a “ayudar a los ciudadanos a articular y satisfacer sus intereses comunes en lugar de intentar controlar o dirigir la sociedad” (Denhardt & Denhardt, 2000). Desde esa perspectiva, el gobierno abierto es “una verdadera filosofía de cómo gobernar y de cuál es el rol que juegan el gobierno y los ciudadanos en la gestión pública y en sus resultados” (Oszlak, 2017), que nace “desde la convicción de repensar la administración pública; de transformar la sociedad y contribuir a desarrollar democracias más sanas; de pasar de las jerarquías a las redes, de asumir compromisos transversales y generar, en conjunto con otros actores sociales y económicos, valor público” (Ramírez, 2011).

En ese contexto, se invita a que los integrantes de las administraciones públicas, académicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general de los países latinoamericanos reflexionen nuevamente sobre el gobierno abierto, examinándolo desde la perspectiva de la transparencia en el ejercicio de la función pública; su interacción con la introducción de nuevas formas tecnológicas; la posibilidad de nuevos espacios de apertura, participación ciudadana y colaboración, así como el uso de las redes sociales para la mejora de la gestión pública.

 

Tendencias generales de Reforma y Modernización de la Administración Pública

En esta área tendrán cabida aquellos paneles que se refieran a políticas públicas sectoriales de administración de salud, educación y seguridad, administración de justicia y reforma judicial, políticas públicas en turismo, desarrollo rural, metodología en gestión de proyectos, gestión parlamentaria, y en general todo aquello que se refiera a la administración y gestión de las políticas públicas sectoriales.