CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

Áreas temáticas

El Congreso se organiza con base en paneles, y las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente a alguna de las ocho áreas temáticas que se especifican a continuación, y su abordaje deberá estar orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean para cada una de ellas. Las áreas temáticas serán coordinadas por profesionales externos de relevante trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos coordinadores de área temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de conclusiones que serán expuestas en la sesión de clausura del Congreso.

 

Profesionalización, ética, integridad y sensibilidad social como pilares de la función pública del siglo XXI

Coordinador: Juan Carlos Cortés Carcelén. Presidente Ejecutivo. Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Perú

Mediante esta área temática se quiere contribuir, en primer lugar, a la reflexión sobre la profesionalización del servicio civil, esto es, plantearse: ¿qué significa la profesionalización en este siglo?, ¿cómo abordarla teniendo en cuenta la Cuarta Revolución Industrial?, ¿cómo se desarrolla la profesionalización en el contexto de la innovación del sector público? Ciertamente nos podemos preguntar cuáles son las competencias que deben desarrollarse o privilegiarse para los directivos públicos y para los servidores civiles en su conjunto. Asimismo, es posible reflexionar sobre todas aquellas acciones que puedan mejorar la profesionalización como pueden ser el fortalecimiento de las entidades rectoras de recursos humanos, la selección, la formación y la capacitación, la gestión del conocimiento, la gestión del rendimiento, etc. Forman parte de esta temática los problemas, las resistencias y las tendencias en materia de profesionalización del servicio civil y los efectos que puedan tener en la competitividad y el desarrollo del país, así como los cambios institucionales necesarios para facilitarla.

Frente a la situación de corrupción y pérdida de valores que sufren muchos de nuestros países es imprescindible reflexionar sobre la ética y la integridad de la función pública. Tenemos que preguntarnos: ¿cómo promover la integridad en esta coyuntura tan difícil?, ¿cuáles son los mecanismos más efectivos para contar con un servicio civil íntegro?, ¿cuáles son las medidas que se han tomado en nuestros países que conduzcan a tener una gestión pública principalmente preventiva de actos de corrupción? Una buena gestión pública profesionalizada puede convertirse en el gran promotor de la integridad.

Podríamos conceptualizar la sensibilidad social como el acercamiento del Estado, y especialmente los servidores civiles, a los ciudadanos y cómo estos son partícipes de los cambios que se deben realizar en la gestión pública. ¿Cómo construir una verdadera relación de confianza o recuperar la que se ha perdido? y ¿cuáles han sido los principales mecanismos que se han utilizado y cuáles son los más útiles?

Los pilares pueden ser reflexionados en su conjunto y será un mayor aporte si se realiza desde distintas realidades de los países, regiones, etc. En buena cuenta, es cómo estos pilares generan una nueva cultura del servicio civil.

 

Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las instituciones públicas

Coordinador: Hiram Abel Ángel Lara. Coordinador de la Maestría en Políticas Públicas. Universidad de Guadalajara. México

La reforma del Estado puede ser analizada como la transición de una administración burocrática al nuevo gerencialismo, cuya finalidad es desarrollar instituciones públicas más efectivas y eficientes, que promuevan el progreso y bienestar social para la prosperidad de las naciones de forma sostenible, asumiendo que es posible resolver los problemas a un menor costo para todos. Para contar con instituciones que promuevan esta visión se requiere de la participación de nuevos actores que participen en el diseño y la gestión de las administraciones y políticas públicas, de nuevas ideas que promuevan una gobernanza para el desarrollo sostenible y de innovadoras alternativas para dar cumplimiento a los derechos de una ciudadanía cada vez más inmiscuida en la resolución de sus problemas económicos y sociales. Por ello es fundamental conocer, ¿qué está ocurriendo en relación a las acciones a las que están comprometidos los países para la promoción del desarrollo basado en el principio del respeto a los recursos futuros? Por ello, es necesario conocer los paradigmas sobre los que se sustentan los modelos de desarrollo de los países y las experiencias de éxito y fracaso para identificar las acciones futuras, lo que pueden lograrse a través de mecanismos como la evaluación, la gestión de la calidad y la innovación social y gubernamental. Tales mecanismos son esenciales para cumplir con el enfoque de gobernanza derivado de la Comisión Brundtland: “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las siguientes generaciones para satisfacer las suyas propias”.

Así, los paneles del área temática de evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las instituciones públicas podrán enfocarse en reflexionar ya sea en la evaluación como método de control y ejemplo de modernización de las instituciones; en la gestión de calidad para conocer de los procesos que generan buenos resultados, resultados transparentes, mejoras en el desempeño y en la atención a los usuarios o bien, en los procesos de innovación que permiten a todos los actores sociales generar disrupciones sociales y tecnológicas cuyo objetivo es la creación de nuevos modelos con valor social y sostenible; todo ellos desde las perspectivas teóricas y las prácticas exitosas de nuestra región.

 

Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de ciudades

Coordinador: Alejandro Aguilar Miranda. Profesor-Investigador. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) / Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). México

Al igual que hace tres décadas, el fortalecimiento de los gobiernos locales, la descentralización y el reflujo del centro siguen siendo temas recurrentes en la discusión sobre la reforma del Estado. Aunque el resultado varía en cada nación la duda persiste: ¿tal discusión abona un proyecto político y estratégico de hondo calado o es sólo reacción a crisis y coyunturas? La respuesta ha incidido en la vida comunitaria, sobre todo en los espacios con grandes conglomerados humanos. De ahí la importancia de apelar a la teoría y praxis para mejorar el entendimiento y la agenda por venir.

Hay que considerar que las cuestiones locales se amplifican especialmente en las ciudades. En estas se concentran muchos de los logros culturales, económicos, políticos y sociales. Sin embargo, los problemas que enfrentan parecen rebasar sus bondades, pues su escala de complejidad creciente las va convirtiendo, unas más y otras menos, desde las más modestas hasta las metrópolis, en lugares hostiles e incómodos. Hay avidez por nuevas formas políticas y de gestión que coloque a las personas y sus comunidades en el centro.

Los problemas multivariados, por mencionar los menos, se expresan como desórdenes espaciales, desigualdad social, amenaza económica agudizada por el deterioro de la movilidad urbana, la degradación ambiental signada por la concentración de contaminantes y falta de alternativas viables, la insuficiencia de infraestructura urbana, la inseguridad de las personas y sus bienes, y, de manera relevante, el escaso desarrollo institucional que permita la acción racional y mediada por el diálogo para un desarrollo capaz de sostenerse transgeneracionalmente.

Particularmente, la Conferencia Hábitat III, concluyó en la necesidad de adoptar una nueva agenda urbana. La principal reflexión sobre las conferencias anteriores no fue nada halagüeña: la persistencia de obstáculos para el desarrollo.

La triada gobiernos locales, descentralización y desarrollo de ciudades espera paneles que presenten análisis teóricos, experiencias concretas, estudios de casos y el desarrollo de técnicas o herramientas innovadoras que conciban la evolución estatal como producto de la acción reticular, en donde el encuentro y acuerdo de los diferentes actores ocurra como derrotero para cultivar una gobernanza para el desarrollo sostenible.

 

Administración pública inclusiva: igualdad de género, juventud e integración de la discapacidad como base del desarrollo humano

Coordinadora: Liliana Caballero Durán. Procuradora Delegada para la Prevención en la Función Pública. Colombia

En la actualidad las administraciones públicas iberoamericanas atraviesan una etapa de transformación, formulación y consolidación de buenas prácticas e iniciativas que han procurado construir un cuerpo de servicio público más inclusivo y no discriminatorio. Las acciones afirmativas, la discriminación positiva y la inclusión son fundamentales en la definición, diseño y ejecución de políticas públicas pues no sólo permiten identificar las necesidades e intereses de los diversos grupos de valor, especialmente las minorías sino que también afianza la relación entre el Estado y la ciudadanía. Esta área temática se centra en experiencias de transformación del empleo público desde tres ejemplos de inclusión: la igualdad de género, el fácil acceso de los jóvenes y la integración de personas en situación de discapacidad. Estos tres ejemplos de inclusión en el servicio público plantean diversos debates conceptuales y desafíos con relación al reclutamiento, la retención y el desarrollo de estos grupos poblacionales en las entidades públicas, lo que supone igualmente responder a las siguientes preguntas: cómo asegurar que sus necesidades se vean representadas en las decisiones de política, y cómo conciliar los principios de mérito y las acciones afirmativas, entre otras.

Los intentos por construir un servicio público más inclusivo enfrentan retos adicionales de diversa índole. Uno de ellos está relacionado con la generación de espacios de inclusión en el empleo público sin afectar el mérito como principio fundamental para el ingreso. Cómo propiciar condiciones de equidad garantizando a la vez la eficacia en la prestación de los servicios al ciudadano, o cómo identificar a todos los grupos que puedan eventualmente ser objeto de algún tipo de discriminación, son otros retos importantes que se deben asumir para lograr verdaderas condiciones de equidad e innovación en el empleo público.

 

Derecho público, Derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos esenciales del Derecho a la buena administración

Coordinadora: Jennifer Isabel Arroyo Chacón. Jueza. Poder Judicial de la República (CGR). Costa Rica

El derecho público siempre ha jugado un papel relevante en la gestión pública, el respeto de los derechos fundamentales y el derecho a la buena administración que debe garantizarle el Estado a la ciudadanía; no obstante, actualmente este rol se vuelve más protagónico con la puesta en ejecución de la Agenda 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dado que las actuaciones que se desplieguen en este sentido pasan por el ordenamiento jurídico público.

Interesa en el presente Congreso conocer las experiencias exitosas, casos relevantes y buenas prácticas que han desplegado las administraciones públicas en materias como:

  • Contratación administrativa: contratos públicos innovadores, mecanismos de contratación electrónica (E-Procurement), fraudes y riesgos de corrupción en compras públicas, publicidad y transparencia, nuevas formas de gestionar los servicios públicos, el rol del ciudadano en la gestión de contratos públicos.
  • Alianzas público-privadas (AAPP): Marco legal para promover las AAPP, experiencias innovadoras, logros y retos superados en la implementación de las AAPP, avances alcanzados en la materia, y otros.
  • Judicialización de las decisiones administrativas: rol de los órganos jurisdiccionales en la revisión de decisiones administrativas, impacto en el servicio público prestado, equilibrio entre el derecho de acceso a la justicia y la celeridad en la gestión pública, y temas relacionados.
  • Simplificación de trámites: esfuerzos en materia de simplificación de trámites, reformas legales a partir del uso firma digital, documentos electrónicos y el gobierno electrónico, y otros.
  • Derecho administrativo sancionatorio: equilibrio entre el derecho al debido proceso del funcionariado público y necesidad de un procedimiento administrativo sancionatorio expedito, delitos funcionales, faltas administrativas, reformas al ordenamiento jurídico interno a raíz de los instrumentos internacionales y casos de corrupción pública, régimen jurídico preventivo de la corrupción pública, entre otros.
  • Entidades de fiscalización superior (EFS) y auditorías: el derecho público como un instrumento para la auditoría y fiscalización, marco jurídico aplicable a las auditorías internas y EFS, y otros.

Los paneles seleccionados deberán procurar analizar y promover el rol del derecho público en la gestión pública para garantizarle a la ciudadanía el derecho a la buena administración

 

Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 2030

Coordinador: Cristian Castillo Peñaherrera. Ex Ministro de la Presidencia de la República. Ecuador

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible obligan Iberoamérica a que, en 2030 hayamos erradicado la pobreza, mejorado las condiciones generales de vida de toda la población, además de haber instituido un modelo diferente de economía, bajo en emisiones de carbono, resiliente con el cambio climático y enfocado en la protección del ambiente. El conjunto de políticas públicas nacionales y locales que se requieren para eso son ampliamente diversas y, en ocasiones, aparentemente contradictorias.

Haber alcanzado los resultados que la región obtuvo con los Objetivos del Milenio fue un paso fundamental en la construcción de sociedades más justas. A la vez, representó un enorme desafío para las administraciones en términos de profesionalizar su gestión. Sin embargo, ese resultado de profesionalización claramente no es suficiente para alcanzar las metas de los ODS. La definición de políticas públicas requiere de más y mejores instrumentos de análisis de la realidad, para ello es fundamental incorporar en la gestión instrumentos complejos de análisis cuali y cuantitativo. El bigdata o las etnografías (entre otras alternativas disponibles) que superen las figuras tradicionales del análisis de las políticas públicas son parte rutinaria de la acción de los decisores de política pública en todos los niveles de gobierno.

No solo eso, la construcción de políticas que responsan a los intereses y necesidades de la sociedad, con especial énfasis en las grandes mayorías, requieren de un enfoque de gobernanza que supere la acción tradicional de contacto con los grupos de interés alrededor de los cuales gira una determinada política pública. Gobernanza que debe sostenerse sobre principios de igualdad intergeneracional y que permita las condiciones al acceso a servicios públicos que atiendan las necesidades, no solo de las generaciones actuales, sino de las que vendrán.

Por otro lado, la implementación de las políticas públicas prioritarias para alcanzar los ODS tiene el gran desafío de sostenerse en modelos de gestión instrumentados y sostenidos en el adecuado manejo de la tecnología disponible, tanto de hardware como de software, y como de prácticas exitosas que resuelvan de manera efectiva y eficiente los problemas públicos que deben resolver.

 

Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la participación ciudadana, la colaboración y las redes sociales en la gestión pública

Coordinadora: Virginia Pardo. Directora del Área de Ciudadanía Digital. Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) Uruguay.

El gobierno abierto implica una manera diferente de entablar una relación entre los ciudadanos y la administración pública. Supone participación ciudadana en los asuntos públicos y busca la forma de que los gobiernos sean más transparentes, sensibles, responsables y eficaces. Transparencia, participación y colaboración, conceptos centrales de un gobierno abierto, cada vez más deben ser concebidos bajo la óptica del derecho de las personas al relacionamiento digital con sus instituciones.

Esto requiere, irreversiblemente avanzar en la transformación digital del gobierno, realizando un vínculo explicito con la política digital del país, no solo para modernizar la gestión pública, sino para usar estratégicamente los datos, crear valor público, innovar en los procesos de toma de decisiones y en los modelos de relacionamiento con la ciudadanía.

Una adecuada estrategia se debe fundamentar no solo en objetivos y principios, sino también en cómo se hacen las cosas: en el precepto de ofrecer al ciudadano los beneficios que este necesita. Es decir, la posibilidad de que el gobierno se empiece a abrir para poder escuchar la voz de la gente, sus demandas a través de los canales de su preferencia y establezca así sus prioridades. Por ello, el gobierno abierto implica la oportunidad de gestionar cambios significativos en los diferentes actores de gobierno y en las diferentes líneas de trabajo, desde lo estratégico hasta lo político, pasando por lo operativo, para que se pueda empezar a permear en la gestión pública lo que las personas realmente necesitan.

Cada vez más, se exige contar con una agenda de gobierno abierto, que opere como un mapa de ruta dinámico, que a su vez impacte en una adecuación profunda de los procesos administrativos, un fortalecimiento de capacidades y mayor profesionalismo de los servidores públicos y una definición de prioridades en base a las necesidades de la población en general; todo esto como resultado de un trabajo colaborativo y de co-creación que contemple las voces de todos actores involucrados, de sociedad civil y academia; y donde se expliciten todos los compromisos consensuados.

Concebir una estrategia para una gestión pública abierta, abierto por defecto, nos exige una visión holística clara, si realmente queremos mejorar, de manera sostenible, la calidad de vida de nuestras generaciones futuras. En la sociedad de la información en la que vivimos, no es admisible desarrollar iniciativas de gobierno abierto sin asegurar el acceso, la equidad y la inclusión, así como, es esencial contribuir a la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular, en estrecha interrelación con el Objetivo 16, puesto que colaborará con garantizar que los gobiernos cumplan con los compromisos de cara a la Agenda 2030.

Los paneles propuestos fomentarán la generación de debates y aprendizajes, poniendo especial énfasis en la complementación con las iniciativas internacionales existentes en la materia, y contribuyendo con aportes de valor, análisis de casos prácticos, presentación de metodologías, procesos y herramientas replicables, así como resultados de investigaciones, que contribuyan a fomentar la buena gobernanza y el desarrollo sostenido de la gestión pública de la región.

 

Tendencias generales de Reforma y Modernización de la Administración Pública

En esta área tendrán cabida aquellos paneles que se refieran a políticas públicas sectoriales de administración de salud, educación y seguridad, administración de justicia y reforma judicial, políticas públicas en turismo, desarrollo rural, metodología en gestión de proyectos, gestión parlamentaria, y en general todo aquello que se refiera a la administración y gestión de las políticas públicas sectoriales.