CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

Áreas temáticas

El Congreso se organiza en paneles, y las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente a alguna de las siete áreas temáticas que se especifican a continuación, y su abordaje deberá estar orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean para cada una de ellas. Las áreas temáticas serán coordinadas por profesionales externos de relevante trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos coordinadores de área temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de conclusiones que serán expuestas en la sesión de clausura del Congreso.

Profesionalización, ética, integridad y sensibilidad social como pilares de la función pública del siglo XXI

Coordinador: Marco Tulio Cajas López. Director General. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Guatemala

En el pasado, la conceptualización de la función pública había estado dominada por dos posiciones: a) una noción de la responsabilidad política, concebida en términos jerárquicos, de las organizaciones ante los funcionarios electos (naturaleza burocrática), y b) una trasposición de los valores gerenciales a la conducta de las entidades públicas.

Sin embargo, en el siglo XXI estos postulados ya no se sostienen. La base moral y política correcta para la función pública ya no puede limitarse a la relación jerárquica, como tampoco se pueden adoptar indiscriminadamente los valores empresariales porque eso implica desconocer la naturaleza de la función pública.

En esta área temática se propone responder a tal desafío desde la perspectiva del proceso de la toma de decisiones de quienes ejercen la función pública.

Desde una dimensión técnica, reconocer que la administración pública ya no puede ser el brazo ejecutor de un gobierno de decisiones personales, discrecionales y de uso oportunista de la ley. Esto significa valorar la profesionalización de la función pública que consiste en construir y acreditar la capacidad de eficacia/eficiencia de los gobiernos democráticos que se traduce en determinar la corrección de las decisiones de gobierno mediante el análisis científico-técnico y determinar la efectividad de las decisiones mediante la gestión.

En ese sentido, tiene mucho valor conocer las experiencias de profesionalización de la función pública en los países de la región conociendo las estrategias utilizadas y los factores de su éxito/fracaso.

Por otro lado, el nuevo contexto social y político nos indica que las organizaciones públicas hacen mucho más que solamente producir y entregar bienes y servicios. En realidad, ejercen gran influencia en la vida personal de los ciudadanos, y de alguna manera, tienen la capacidad de provocar el aprendizaje o la descomposición social.

De tal manera que el desafío para la reflexión sea pensar cuidadosa y críticamente, sobre qué valores deben guiar las decisiones de los funcionarios y empleados públicos. Así como conocer las metodologías utilizadas a nivel macro y micro para establecer marcos de integridad traducidos en Códigos Éticos, formación y capacitación y la incorporación de cláusulas sociales en los procesos de contratación gubernamental

 

Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las instituciones públicas

Coordinador: Ricardo García Vegas. Coordinador Académico. Goberna Experiencia. Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. España

Mucho hemos cambiado. Las instituciones públicas están sometidas a constantes situaciones de tensión como consecuencia de las crecientes demandas ciudadanas y la preeminencia de entornos con altos niveles de incertidumbre. La crisis económica y financiera de 2008 puso de manifiesto la necesidad de que las instituciones desarrollen nuevas capacidades, así como nuevas formas de hacer las cosas. Tanto en la provisión de bienes y servicios públicos, como en la garantía de derechos y libertades básicas.

A la hora de valorar el desempeño de las instituciones públicas, ya no es suficiente la mera consecución de metas o la reducción de costos, enmarcados en los tradicionales procesos de planificación estratégica. La efectividad en cambio, se reconoce como una variable clave por sus implicaciones en la transformación de la vida de las personas y en la consecución de resultados con alto impacto social. Esta realidad nos lleva a abordar, desde nuevas perspectivas, la evaluación, la gestión de calidad y la innovación como herramientas para la consecución de estos fines.

El objetivo del área temática es centrar el análisis y la discusión en las potencialidades de estas herramientas para impulsar procesos disruptivos en las instituciones públicas. Se trata de conocer el estado de situación en lo teórico y práctico. De idear modelos y estrategias novedosas que generen valor público y supongan un punto de inflexión para las instituciones. De compartir experiencias exitosas y fallidas que permitan establecer aprendizajes en la región. En este sentido, se busca promover el debate sobre la utilidad de la evaluación en entornos volátiles; la construcción de modelos de evaluación sencillos que se arraiguen en la cultura organizativa y sean sostenibles en el tiempo; el aporte de las tecnologías para potenciar experiencias exitosas en la región; y el papel de los ciudadanos en los procesos de evaluación. Con respecto a la gestión de calidad, se prevé enfocar la discusión en la valoración de los modelos existentes; el estudio de elementos institucionales que los potencien de cara a la consecución de mayores niveles de efectividad, así como los retos de la gestión de calidad en contextos cada vez más personalizados y diversos.

Por su parte, el tema de la innovación se abordará desde la perspectiva de la innovación social, a través de la cual se integran los esfuerzos de los ciudadanos, del sector privado, la sociedad civil y las instituciones públicas, en torno a nuevos esquemas de gobernanza que posibiliten la generación de bienes y servicios novedosos con una orientación clara a la generación de valor social. Al respecto, se pretende conocer el estado del desarrollo de la innovación en aspectos relacionados con el impulso de la innovación en las instituciones públicas; integración de las experiencias de innovación social para mejorar los bienes y servicios públicos; identificación de desafíos y experiencias de evaluación de impacto.

En consecuencia, se espera que las propuestas de paneles reflexionen o reflejen en su contenido algunas de las dimensiones antes señaladas.

 

Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de ciudades

Coordinador: Nuno Vitorino. Consultor nacional e internacional. Portugal

O crescimento e o desenvolvimento das cidades constituem fenómenos muito marcantes nas dinâmicas territoriais, sociais e económicas contemporâneas. Mesmo que desde sempre associados à concentração de pessoas e de atividades públicas e económicas e sociais, os atuais processos de transformação estrutural conduziram a que hoje resida e trabalhe em meio urbano mais de metade da população mundial – valor que assume proporções mais significativas na América Latina.

A significativa concentração de pessoas e de atividades em meio urbano traduz-se na localização preferencial do investimento e do emprego, das infraestruturas e dos equipamentos, do conhecimento, do desenvolvimento tecnológico e da inovação, das atividades criativas e culturais, dos ativos patrimoniais, históricos e imobiliários, bem como na localização dos centros de decisão política, estratégica e operacional, circunstâncias especialmente propícias à criação de oportunidades e ao exercício da cidadania.

As cidades confrontam-se todavia com enormes desafios que resultam e acompanham a concentração urbana de pessoas e atividades, onde especialmente se evidenciam os da sustentabilidade ambiental (como a qualidade do ar e da água, mobilidade, alterações climáticas e riscos naturais) e social (como a exclusão e pobreza), bem como os das condições de vida dos cidadãos e das famílias (como a habitação, educação, saúde e segurança).

A concretização do potencial de crescimento e de desenvolvimento das cidades é, sobretudo na perspetiva da sustentabilidade, muito exigente para as políticas públicas e para a sua governação, num leque diversificado mas necessariamente complementar e integrado de estratégias e de atuações, que deverá em especial analisar e debater as seguintes temáticas principais da gestão local e urbana:

  • Descentralização territorial e funcional de poderes, competências e recursos;
  • Reforço das competências e aumento da qualidade do desempenho institucional, organizativo e profissional;
  • Estímulo e concretização da participação cidadã e da inovação social;
  • Incentivo à competitividade económica, à criação de emprego e à solidariedade social;
  • Prestação de serviços e gestão de equipamentos públicos de proximidade;
  • Sistemas e redes cooperativas e colaborativas de cidades às escalas metropolitana, nacional e internacional.

 

Administración pública inclusiva con enfoque de género y de juventud como base del desarrollo humano

Coordinadora: Yessica Molina Kinsler. Directora de Línea. Ministerio del Poder Popular de Planificación. Venezuela

La administración pública en Iberoamérica tiene el reto de transformarse para construir un sistema de gobierno popular, con mayor eficiencia y eficacia de las estructuras públicas, en busca de garantizar que el gasto público no sólo este dirigido a incrementar el acceso a servicios sociales básicos: educación, salud, agua potable y saneamiento y a bienes públicos como la seguridad; sino que se debe garantizar que este acceso sea más equitativo entre regiones, grupos etarios, sexos y etnias, y que la expansión de las capacidades y oportunidades que tienen las personas para vivir la vida que valoran con dignidad, productividad y creatividad. Reforzando y fortaleciendo los principios de solidaridad, honestidad, vocación de trabajo, amor al prójimo, inspirados en la ética y la moral, todo ello en lucha contra la corrupción y el burocratismo.

En la actualidad, la administración pública se encuentra con fuertes contradicciones en el enfoque de juventud, género y el desarrollo humano. Por un lado los jóvenes gozan de más acceso a información y menos acceso al poder, con más expectativas de autonomía y menos opciones para materializarla. Las mujeres con mayores accesos a las políticas públicas, pero con poco acceso a los cargos altos y medios de la administración pública y donde el desarrollo humano sigue en disputa con el desarrollo económico.

Esta necesidad sugiere incorporar un conjunto de mecanismos y herramientas que incidan en los planes y programas, en las leyes, acciones públicas, en los bienes y servicios, tendientes a desmontar y eliminar las inequidades y todas las forma de subordinación y dominio entre los sexos, grupos etarios y étnicos. Incidir en las políticas públicas, significa modificar los contenidos implícitos en la acción de gobierno e imbuir a la administración pública de contenidos sobre la igualdad, la no discriminación, el reconocimiento de los derechos y la igualdad de oportunidades.

 

Derecho público, Derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos esenciales del Derecho a la buena administración

Coordinador: Karlos Navarro Medal. Director. Instituto Iberoamericano de Estudio e Investigación (IBESI). Nicaragua

Desde la aprobación de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública se ha venido postulando la existencia del derecho a la buena administración.

Este derecho realza la idea según la cual la administración debe de ser abierta, eficaz e independiente, centrada en el ciudadano, en la promoción y protección de sus derechos fundamentales, como herramienta para promover la gobernanza democrática, superando la vieja concepción de la administración pública de carácter cerrado, endogámico, que tiene poderes exorbitantes y que los ciudadanos reciben, única y exclusivamente, bienes y servicios públicos del poder.

Ahora los ciudadanos ya no son sujetos inertes, sino protagonistas principales de los asuntos de interés general y disponen de una serie de derechos, siendo el fundamental el derecho a una buena administración pública, que promueva la dignidad humana en el centro de la preocupación de las normas que ordenan la actividad administrativa y el respeto a la pluralidad cultural.

La buena administración pública adquiere una triple funcionalidad. En primer término, es un principio general de aplicación a la administración pública. En segundo lugar, es una obligación de toda administración pública crear las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento y facilitando la participación social.

En tercer lugar, desde la perspectiva de la persona, se trata de un genuino y auténtico derecho fundamental, del que se derivan, una serie de derechos concretos que definen el estatuto del ciudadano en su relación con las administraciones públicas.

En ese contexto, es importante presentar análisis, experiencias concretas, estudios de casos, sobre el reconocimiento, alcance y contenido del derecho a la buena administración en Iberoamérica. Especialmente cómo se recoge el derecho a una buena administración en el ordenamiento jurídico, su vinculación con la gobernanza democrática, la relación con los servicios públicos; y, la corrupción, la transparencia y el acceso a la información pública así como con los fundamentos de las contrataciones del sector público.

 

Diseño y gestión de políticas públicas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Coordinador: Manuel Arenilla Sáez. Director. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). España

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible parte de un consenso en dos temas prioritarios: intervenir en la reducción de la desigualdad y en la mejora del medio ambiente. Sobre estos dos ejes se conforman los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fueron aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015 y que sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La Agenda 2030 constituye un avance conceptual sobre estos al incluir un conjunto más amplio de temas y contenidos y una mejor interrelación entre los pilares social, económico y medioambiental para revitalizar los principios de sostenibilidad y de diversidad. Esta interrelación también demanda un nuevo pacto sobre los roles y modos de interacción entre el Estado y su Administración, la sociedad y el mercado sobre el que construir una nueva gobernanza y una nueva forma de participación.

La Agenda 2030 es una iniciativa que supone una ventana de oportunidad para los países firmantes, ya que ayuda a la transformación de sus sociedades al poner el foco en la cohesión social y económica y en la sostenibilidad, lo que facilita la creación de entornos más prósperos y con mayor bienestar. Además, desde un punto de vista político, la asunción de la Agenda 2030 por los diferentes países posibilita que se venzan las resistencias internas de la lucha partidista entre el gobierno y la oposición con motivo de la formulación de las políticas públicas, ya que puede permitir la construcción de un marco u horizonte estable a largo plazo al margen de los cambios de gobierno.

El establecimiento de una agenda basada en evidencias, referenciada en el ámbito internacional y periódicamente evaluada es uno de los grandes logros derivado de los ODS. Estos deben ser aprovechados para potenciar los enfoques sobre políticas públicas y revisar la arquitectura institucional de los países iberoamericanos, en especial del sus gobiernos y Administraciones públicas, y articular y adaptar los objetivos generales con las prioridades propias de cada sociedad e integrando.

Tras más de un año desde la aprobación de la Agenda 2030 es tiempo de poner en común los avances, las buenas prácticas, las dificultades y las experiencias en Iberoamérica. El CLAD ofrece un inmejorable escenario en el que poder hacerlo.

 

Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la participación ciudadana, la colaboración y las redes sociales en la gestión pública

Coordinadora: Ester Kaufman. Coordinadora. Red Académica de Gobierno Abierto. Instituto de Desarrollo Económico y Social (CIS-CONICET/IDES). Argentina

Los desarrollos regionales de Gobierno/Estado Abierto (GA) suelen descansar en ampulosas declaraciones e impactos acotados. Sin embargo, el GA es posible si se construyen estrategias de transformación conforme a cuidadosos análisis de las condiciones necesarias para su implementación y de las limitaciones existentes; con especial atención en algunos aspectos como los que se enuncian.

Los actores a convocar deben tener perfiles cada vez más precisos conforme a la política específica a encarar y a la etapa del ciclo comprometido. La participación creciente de expertos y académicos promete agregar valor en este y otros sentidos.

En aras al fortalecimiento de los actores intervinientes, deben cubrirse los aspectos de formación y obtención de habilidades y competencias necesarias para que la cogestión multiactoral del ciclo de políticas de GA y su integración a formas de gobernanza sean posibles. Asimismo, cabe reflexionar sobre políticas de neutralización y de detección oportuna de conductas disfuncionales o ilícitas a fin de aminorar sus efectos nocivos.

Respecto al sector público, se destacan aspectos como la creación de redes transversales y la instauración de lógicas ciudadanas, que pueden ayudar a crear “valor público” en los servicios; a abrir procesos y mejorar los sistemas de compras, licitaciones, obras, contrataciones, etc. En la dimensión informacional (acceso, transparencia, datos abiertos, archivos o documentos), debe reflexionarse sobre sus modos de gestión, la utilidad y comprensión general de la información publicada y la garantía de usabilidad social de sus productos. Paralelamente, es preciso abordar modelos de gestión de la participación, colaboración e innovación (interna y externa), con la ayuda de las redes sociales.

Deben considerarse metodologías de seguimiento y evaluación, como así también nuevos tipos de normativas para legitimar las estrategias.

La inclusión de los aún no beneficiados con estas políticas por brechas digitales, territoriales, culturales o lingüísticas, es otro aspecto a considerar; al igual que la observancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para el conjunto arriba mencionado, el uso intensivo, pertinente y articulado de TIC constituye una dimensión fundamental.

Los paneles propuestos atenderán estos aspectos, más las peculiaridades del nivel de gobierno, tipo de poder y actores o instituciones analizados; conectando en forma consistente teorías y prácticas o aportando experiencias con sus metodologías, elementos críticos y lecciones aprendidas.